(LA SERENA, 26/1/2021, KAIRÓS NEWS). — Una demanda civil por reparación de los daños causados, dirigirán contra instituciones de la iglesia las víctimas de abusos del exarzobispo de La Serena, Francisco Javier Cox Huneeus, quien falleció en agosto del año pasado.
Lentitud
Así lo anunciaron las víctimas del religioso en el diario local El Día, Hernán Godoy, Edison Gallardo y Abel Soto. Este último, quien sufrió los abusos cuando Cox era obispo de Chillán, manifestó su preocupación por la lentitud con la que ha actuado el Ministro Le-Cerf en la causa penal. «Me resulta impresentable que en dos años no se sepa nada, y que no den información. Creo que los únicos que se ven beneficiados con esta falta de premura es la Iglesia Católica, porque los responsables, los testigos, e incluso algunas víctimas se van muriendo y sin justicia”, señaló.
Causa Penal
Ocurrida la muerte de Cox, su abogado defensor, Cristian Urquieta, solicitó el sobreseimiento definitivo como lo posibilita la ley para dar por concluida la investigación judicial y extinguir la responsabilidad penal.
Sin embargo, en la oportunidad, el ministro Christian Le-Cerf, rechazó esa solicitud, la que fue considerada como «una buena señal» por parte de las víctimas porque podrían llegar a establecer “una verdad histórica”, aunque no pudiese ejecutarse ningún tipo de condena.
Reparación
En paralelo a lo penal, los querellantes estudian con sus abogados acciones civiles que esperan dirigir contra al Arzobispado de La Serena y el Instituto de los Padres de Schoenstatt.
El medio de comunicación consultó fuentes del arzobispado e indicaron «que no se referirían al tema ya que hasta el minuto no han recibido ninguna notificación formal». Lo mismo hicieron con Schoenstatt, cuyo vocero indicó no conocer ningún antecedente de la eventual demanda.
Entre tanto, en el Poder Judicial, se les informó que “la causa seguida respecto a José Francisco Cox, quien prestó declaración indagatoria antes de fallecer, se encuentra vigente en estado de sumario con diligencias de investigación por realizar, las que, en atención a la pandemia, se han visto entorpecidas pues se trata principalmente de interrogatorios presenciales a testigos que forman parte de los grupos de riesgo”.
