(IQUIQUE, 16/2/2021, KAIRÓS NEWS).- Se trata de un campamento donde viven cerca de 1.700 personas, que forman parte de 450 familias según catastro de las organizaciones sociales internas, aunque el gobierno reconoce solo a 132 a quienes les ofrece subsidios mensuales de arriendo ($200 MIL). A las 318 restantes, nada, entre las cuales se hallan familias chilenas y migrantes. En todo caso se trata de migrantes que ya trabajaban en la ciudad y no corresponden a los recientemente ingresados por Colchane quienes están en albergues.
Así informó de esta realidad la Comunidad de Laicas y Laicos de Iquique, que al ser consultada, señaló que están en campaña para sensibilizar sobre este problema actual y sobre todo alertar sobre las posibles consecuencias de salubridad, sociales y políticas que se originarían ante el eventual desalojo de estas familias en plena pandemia.
Protestas
Los pobladores han protestado con barricadas y cacerolazos luego que la Gobernación Provincial de Iquique, a cargo de René Muñoz Solís, notificara el desalojo del lugar solicitado por la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Tarapacá y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), el 15 de enero pasado.
Este campamento se sitúa en terrenos fiscales en la Av. Ramón Pérez Opazo con Laguna Verde, donde se conectará con la autopista que está proyectada para conducir hasta Alto Hospicio.
En este campamento existen cuatro asentamientos humanos: “Monte Sinaí”, “20 de enero”, «Luz y Esperanza» y “Bellavista”, cada uno con sus respectivos comités de vivienda.
Aumentó población en pandemia
Según información de Techo para Chile, este asentamiento data de 1996 y hasta hace poco habían sido trasladadas cerca del 20% de las familias hacia el sector de Alto Playa Blanca, en las afueras de la ciudad, camino al aeropuerto, según informaron los laicos.
Sin embargo, con la alta cesantía provocada por la pandemia, que generó el cierre total de la Zona Franca que era la principal fuente laboral en la ciudad, este campamento incrementó sustantivamente su población.
La principal crítica de esta comunidad laical que acompaña a los pobladores y los dirigentes de las organizaciones sociales, no es solo por el desalojo en sí —que son los más pobres de la ciudad— sino que además se trata de un momento crítico en contexto de la pandemia, pues Iquique ha estado hasta hoy en cuarentena total.
Solución Digna
Asimismo, el movimiento «Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno«, ha desarrollado toda una propuesta de solución a los campamentos, poniendo énfasis en su erradicación y en la creación de sociedades mixtas de Serviu con los municipios, a fin integrarlos al desarrollo urbano de las ciudades.
«La pandemia ha puesto en evidencia la imposibilidad de que las familias residentes en campamentos u otros asentamientos precarios puedan responder al cuidado que se requiere, dado sus altos índices de hacinamiento«, dice la agrupación de profesionales.
Por ello, «forzar el lanzamiento de 1.600 personas en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo es inconcebible. Los altos niveles de especulación con el valor de los arriendos, los deja sin la opción de obtener un techo bajo el cual guarecerse», indicaron.
