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Iglesia Latinoamericana exhorta a ratificar Tratado de Escazú. Chile cambió de opinión y no lo hará

El plazo de ratificación vence este sábado 26 de septiembre, y Chile no lo hará pese a que el anterior gobierno del Presidente Piñera fue creador de la iniciativa regional junto a Costa Rica.
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(SANTIAGO, 22.09.2020 – KAIRÓS NEWS).- El Acuerdo de Escazú ha sido el centro de atención en los últimos días en el continente latinoamericano, pues el sábado próximo vence el plazo que se dio para que los gobierno lo ratifiquen y se convierta, en cada país, «ley de la república» y así pueda ser exigida su normativa. Mensajes en contra de su ratificación en el Congreso de la República han circulado principalmente en las redes sociales.

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que según su primer artículo dice que su misión es: “Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Iglesia

Por eso, el presidente del Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano), obispo peruano, Miguel Cabrejos en carta al presidente del Congreso de su país, dijo: «Para proteger la vida de los pueblos indígenas u originarios, hay que garantizar la plena vigencia de sus derechos, por lo que es necesario reflexionar sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – “Acuerdo de Escazú”, pues los acuerdos supranacionales fortalecen la institucionalidad y el bienestar principalmente de los más vulnerables en el Perú».

La Red Iglesias y Minería llamó a los gobiernos de América Latina a «ratificar el Acuerdo Escazú para detener esta otra pandemia asesina, como es el extractivismo minero que está llevando al planeta al borde del colapso». “Como Iglesias compañeras de camino y lucha por la Defensa de la Casa Común, hemos sido testigos del sufrimiento, destrucción y muerte que provoca el extractivismo minero, tanto en nuestra región Latinoamericana como en el resto del mundo”, dice una nota publicada en su portal web.

La Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) exhortó a los Congresos Nacionales de los países latinoamericanos a ratificar el Acuerdo de Escazú. En un comunicado, la organización religiosa explica que se trata del primer tratado que evidencia la relación directa entre los Derechos Humanos y Ambientales en la región y, por lo tanto, el primer instrumento vinculante para “salvaguardar la vida de las personas defensoras del ambiente y de los territorios, proteger todas las formas de vida en la defensa del patrimonio ambiental colectivo, así como la integración del conocimiento de los pueblos originarios y la actualización de los servicios de información y atención en materia ambiental”.

Un reciente informe de la organización Global Witness señala que la minería es la principal actividad que ha provocado el mayor número de asesinatos de defensores y defensoras ambientales en el mundo. Sin embargo, no existen muestras de los gobiernos por fortalecer internamente sus sistemas de control, su sistema judicial, los órganos de protección y el derecho de los pueblos a decidir sobre el presente y el futuro de sus comunidades, al permitir o rechazar proyectos de extracción minera en sus territorios.

Este acuerdo impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha sido firmado por 22 países y su ratificación ya se ha dado en nueve naciones. Para que entre en vigencia a nivel regional se requiere la aprobación de once de ellos. El Perú fue uno de los países firmantes y actualmente se espera su aprobación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para luego ser ratificado por el Pleno del Congreso.

Para que el Acuerdo entre en Vigencia el 26 de septiembre de 2020 se requiere la ratificación del mismo por al menos 11 países, de los cuales hasta la fecha únicamente lo han ratificado nueve (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente & granadinas y Uruguay).

Chile

«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica -el Acuerdo de Escazú-, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, decía en julio de 2018 el Presidente Sebastián Piñera.

Dos años después, y a cinco días de que finalice el plazo para firmar el tratado internacional, Chile mantiene su negativa de rubricar el primer gran acuerdo ambiental en Latinoamérica y el Caribe. La gran contradicción de todo este asunto es que Chile, bajo el primer mandato de Piñera (2010-2014), fue el principal impulsor y negociador para elaborar el Acuerdo de Escazú.

Además, cabe destacar que nuestro país está suscrito al Acuerdo de París y presidió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) que se realizó en Madrid, evento en el que el liderazgo chileno en materia ambiental fue duramente criticado.

Lo que indicó el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno chileno, Andrés Allamand, en la Comisión de RREE del Senado, el pasado 8 de septiembre, hay cuatro temas de preocupación para los gobernantes hoy: 1) analizar cuál es el contenido de los cambios que el acuerdo traerá en la legislación ambiental chilena; 2) cuál es el alcance interpretativo de algunos principios del tratado; 3) ver la naturaleza de las obligaciones y compromisos a los que Chile se vería sometido si firma y ratifica el acuerdo; y 4), la contingencia judicial, es decir, la posibilidad de que en virtud de Escazú, el país pudiera ser llevado eventualmente a tribunales internacionales.

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