(CIUDAD DEL VATICANO, 30/12/2020. AGENCIAS). — A partir del 1 de enero de 2021 los fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano serán gestionados y administrados por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), en el marco de la reforma de la Curia que está realizando Francisco para lograr una mayor transparencia en las finanzas, según informó el mismo Vaticano a través de un comunicado.
El papa tomó esta decisión el 25 de agosto y se lo comunicó al secretario de Estado, Pietro Parolin, en una carta, que se publicó en noviembre.
El Vaticano explicó que con este «motu propio» Francisco reduce el número de responsables económicos en la Santa Sede y concentra la administración, la gestión y las decisiones económicas y financieras en los dicasterios (ministerios) que tienen esta labor.
Los fondos e inversiones administrados por la APSA «serán sometidos a un control ad hoc por parte de la Secretaría de Economía, que a partir de ahora también desempeñará la función de Secretaría Papal en materia económica y financiera».
A partir 2021, las contribuciones debidas o devueltas a la Santa Sede de órganos eclesiales de cualquier tipo, serán ingresados en una cuenta denominada «Presupuesto General de la Santa Sede», gestionada por la APSA, que también será la encargada de los pagos de los gastos ordinarios y extraordinarios de la Secretaría de Estado.
El Vaticano explica que la APSA constituirá una provisión presupuestaria denominada Fondos Papales que para mayor transparencia formarán parte de los resultados financieros consolidados de la Santa Sede.
Habrá subcuentas específicas para el Óbolo de San Pedro, el Fondo Discrecional del Santo Padre y los llamados «fondos titulados», que tienen objetivos particulares por voluntad de los donantes o por disposiciones reglamentarias. La APSA informará periódicamente a la Secretaría de Estado sobre la situación de los fondos.
«Con ello el Santo Padre desea proceder a una mejor organización de la Curia Romana y un funcionamiento aún más especializado de la Secretaría de Estado», explica la Santa Sede.
La decisión del papa se produce a raíz de la investigación de la operación financiera de la compraventa de un edificio en Londres y por la que han sido suspendidos de sus empleos algunos funcionarios de la Secretaría de Estado, entre estos Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
La carta de Francisco es anterior a la destitución por parte del papa del ex sustituto de la Secretaría de Estado (2011-2018) y prefecto de la Congregación para las causas de los Santos, Angelo Becciu, que incluso tuvo que renunciar a los derechos del cardenalato, tras verse involucrado en este escándalo.
